La Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión y 44 años de inhabilitación para el exalcalde de Viguera, Isidro Francisco Jalón, quien ocupó el cargo entre el 11 de junio de 2011 y el 13 de junio de 2015. Se le acusa de varios delitos de malversación y prevaricación por adjudicar contratos «fuera de los cauces legales, a beneficio propio, de familiares y amigos», según informa Europa Press.
El escrito de la acusación detalla que Jalón, «a sabiendas de actuar fuera de los procedimientos legales», adjudicó obras sin la aprobación del pleno del Ayuntamiento y pagó con fondos municipales por trabajos que no se realizaron. Una de las obras más cuestionadas es el proyecto de Acondicionamiento, Recuperación Ambiental y Señalización en Los Chorrones de Peña Puerta, valorado en más de 78.000 euros, financiado en parte por el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2007/2013 y fondos FEADER. Según el fiscal, el exalcalde adjudicó este proyecto a la empresa Canteras del Iregua García y Cámara SL, a pesar de que esta tenía deudas con la Hacienda Pública y no podía contratar con la Administración. Además, se abonaron facturas por trabajos que nunca se realizaron, como la colocación de vallado o plantado de árboles.
Otro de los casos que se investigan es el acondicionamiento del Camino del Molino de Revilla, donde también se adjudicaron obras a la misma empresa sin seguir los procedimientos legales. A ello se suma la instalación irregular de alumbrado en el Camino Virgen del Rosario, donde el principal beneficiario era el propio alcalde, al ser propietario de fincas colindantes a través de la empresa MONACO 2005 SL. El proyecto no estaba autorizado por la administración y, finalmente, la línea de luz fue cortada por Iberdrola.
Además, Jalón autorizó de manera ilegal la utilización de parcelas públicas para actividades recreativas sin la aprobación del pleno ni las licencias correspondientes.
El fiscal considera que estos hechos constituyen cuatro delitos de prevaricación administrativa, por los que solicita nueve años de inhabilitación por cada uno. Asimismo, le acusa de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, solicitando tres años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por cada uno. También pide que indemnice al Ayuntamiento de Viguera por los daños económicos ocasionados.