El Ayuntamiento de Logroño ha ingresado cerca de 600.000 euros entre enero y septiembre de 2023 gracias a las sanciones impuestas por la Policía Local por el incumplimiento de diversas ordenanzas municipales. Aunque esta cifra solo representa un 0,3% del presupuesto municipal, supone un importante ingreso para las arcas locales, superior al coste inicial de proyectos como la reforma de la calle Beti Jai en el Paseo de las Cien Tiendas, valorada en 300.000 euros, o los 500.000 euros destinados a las pasadas fiestas de San Mateo.
Durante los primeros nueve meses del año, los agentes han emitido más de 2.000 multas, de las cuales 1.170 fueron por orinar en la vía pública. Las multas por esta infracción ascienden a 300 euros, con un descuento a 240 euros si se paga en un plazo de 15 días y sin presentar alegaciones. Este comportamiento, junto con otros como el consumo de alcohol en la calle y las molestias por ruido, ha sido especialmente sancionado en el casco antiguo de la ciudad, donde las restricciones de horario se endurecieron a principios del verano.
Otras infracciones destacadas incluyen 300 denuncias por consumir alcohol en la vía pública y 280 por causar molestias con gritos o cánticos a altas horas de la madrugada, con multas de 120 euros que pueden reducirse por pronto pago. Además, la Policía Local ha sancionado a unas 300 personas por violar la Ordenanza de Protección Ciudadana, incluyendo 140 denuncias por consumo de drogas, 50 por resistencia a la autoridad y 20 por posesión de objetos peligrosos.
La mayoría de estas sanciones se imponen durante los fines de semana, y la mitad de ellas recaen en jóvenes de fuera de Logroño que visitan la ciudad para disfrutar de su vida nocturna, a menudo durante despedidas de soltero o soltera. El otro 50% corresponde a residentes locales. El perfil de los infractores suele ser de jóvenes mayores de edad, mientras que en el caso de los menores, la policía contacta con sus padres o tutores.
La aplicación de estas sanciones se enmarca en un conjunto de medidas restrictivas que buscan equilibrar el ocio nocturno y el derecho al descanso de los vecinos. Sin embargo, no han estado exentas de críticas. Algunos colectivos, como el regionalista Rubén Antoñanzas y diversos hosteleros, han señalado que la recaudación podría destinarse a la instalación de urinarios públicos, una medida que fue bien recibida en su momento pero que aún no se ha implementado. Según ellos, disponer de estos servicios es una obligación en cualquier ciudad, lo que podría contribuir a reducir ciertas infracciones y mejorar la convivencia en la capital riojana.